Se ha abierto desde hace algún tiempo una polémica en el municipio acerca de los problemas supuestos que acarrearía la no aprobación por el Pleno de un Plan de Ajuste. Incluso una fuerza política advirtió en varias ocasiones de que la carencia de un Plan de Ajuste haría que los acreedores del ayuntamiento no pudieran cobrar.
El tiempo ha demostrado que esos temores no tenían fundamento y, felizmente, ya han cobrado numerosos empresarios que acumulaban facturas desde hace más de diez años. La más antigua registrada en Intervención tiene fecha del 20 de diciembre de 2.001.
La polémica levantada en torno a este asunto carece de fundamento y causa extrañeza. Carece de fundamento porque la legislación es clara. Y causa extrañeza porque no sé qué provecho político puede sacar quien anuncia un impago que no se va a producir en ningún caso. En este tema, quienes alertaban sobre los peligros de no aprobar el Plan de Ajuste han perdido bastante credibilidad. Posiblemente tendrán que revisar sus fuentes de asesoramiento.
El RD 4/2012, que regula el pago a proveedores, deja bien claro que los proveedores van a ver saldada su deuda con el ayuntamiento, bien sea a través del plan de ajuste y el crédito asociado o bien a través de la retención por parte del Estado de la PIE.
Como establece el mismo decreto, “En el caso de que las entidades locales no concierten la operación de endeudamiento citada, o en el caso de que la hayan concertado e incumplan con las obligaciones de pago derivadas de la misma, el órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas u organismo público competente efectuará las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado.”
El texto no admite interpretaciones. Los proveedores cobran. Si el ayuntamiento no pide préstamo, o habiéndolo pedido deja de pagarlo, el Estado actúa como avalista y retiene una parte de las cantidades que el ayuntamiento tendría que percibir de la Hacienda Estatal.
La pregunta es: ¿Por qué el Ayuntamiento de Almuñécar no ha presentado un Plan de Ajuste que le permitiera concertar un préstamo y así pagar a los proveedores?
Se me ocurre una razón evidente: el ayuntamiento de Almuñécar presenta un nivel tan elevado de endeudamiento que la ley le permite contraer nuevos préstamos. Al menos, eso dice el Informe Económico Financiero incluido en el Plan General de Urbanismo que se encuentra aún en trámites. El Documento de Aprobación Inicial de este PGOU dice exactamente lo siguiente: El fuerte endeudamiento de la entidad municipal, muy por encima de los límites legales establecidos, impide la contratación de nuevos préstamos…
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| En este informe hay un error evidente: se cuantifica la deuda del ayuntamiento en 439,9 millones de euros. Da la impresión de que se ha movido una cifra en algún momento del cálculo. 43,99 es una cifra más acertada. |
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| El Informe Financiero del PGOU fue elaborado por el Presidente del Colegio de Economistas de Granada |
Justo ahora que el ayuntamiento había recuperado esas aportaciones del PIE (recuperadas gracias al esfuerzo generoso de la Intervención Municipal que ha puesto al día la contabilidad) volvemos a perderlas, lo que indica que habrá que apretarse el cinturón más de lo deseable, pero eso era inevitable. Al menos, tendremos cientos de empresas con la economía saneada, lo cual es de agradecer.
